Periodismo, periodistas, empresas, línea política…


Hacía mucho que no se discutía o planteaba con tanto ardor el tema de la libertad de expresión y su correlato más inmediato, es decir, los derechos de los periodistas mismos, de los profesionales de la información.
El gatillo fue disparado por la decisión de Canal N de despedir a dos importantes profesionales quienes, según ellos mismos afirmaron, se negaron a allanarse a las directivas políticas sesgadas sobre tratamiento de los candidatos a la presidencia.
Lo inusitado fue que importantes periodistas del grupo mediático propietario -la familia Miró Quesada principalmente- manifestaron explícitamente su solidaridad con los despedidos y reafirmaron su deseo de conservar su independencia de criterio –como en el caso de Raul Tola o la propia Rosa María Palacios, entre otros. No avanzó más el grupo propietario pues la siguiente decisión era, según se afirma, despedir a Laura Puertas, la periodista más importante de Canal 4.
Y entonces, en redacciones, aulas, charlas se plantearon interrogantes sobre el derecho de las empresas periodísticas a despedir a periodistas que expresan su desacuerdo con la línea editorial de coyuntura.
Los sectores “duros” del periodismo insisten en que sí, que hay derecho, que la ley faculta a las empresas a prescindir de quien desee respetando las formas legales, etc. Así lo hacen las fábricas de llantas, o de sillas, o de colchones…
Pero las empresas periodísticas tienen características especiales por su enorme responsabilidad social que aceptan y asumen desde su primer editorial aquel en que se proclama independencia, neutralidad, seriedad, excelencia profesional, apego estricto a la ética y a los valores fundamentales. Fue así como se autoproclamó el nuevo periodismo del siglo 19 y que todos aceptaron como “el deber ser” de un periódico.
Los periodistas, entonces, asumen la línea editorial empresarial pero tienen el derecho de conservar puntos de vista privados y de exigir que los empresarios no los involucren en líneas distintas a las que aceptaron cuando fueron contratados.
Las empresas periodísticas más importantes del país han decidido vulnerar esos principios manejando contenidos tan toscamente distorsionados que sus redactores tienen todo el derecho de cuestionarlos, por decir lo menos. Nadie está pidiendo que los medios no tomen posiciones pero cuando se trata de empresas que han propuesto una notable Declaración de Valores o Principios que aseguran deben regir su actuación, vemos que la conducta actual desdice de aquel “deber ser” que proclaman.
O, en todo caso, podría agregarse a esos sus “Valores” una cláusula que diga: “La empresa se reserva el derecho de cambiar de línea política cuando la coyuntura lo acredite y haga falta. Los periodistas en desacuerdo podrán ser despedidos”.

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