Cuando sus periodistas opinan en contrario…

Somos nuevamente testigos (los mayores) del raro espectáculo de periodistas que opinan con severidad crítica sobre las decisiones de los propietarios de los medios informativos en que trabajan.
Es el caso del Grupo El Comercio que controla Canal N y Canal 4 donde varios despidos de su personal periodístico han sido rechazados con dureza por sus propios periodistas, y en público. Los casos más relevantes de expresión de opinión contraria son probablemente los de Josefina Towsend y Raul Tola.
Y decía que éramos de nuevo testigos porque la modalidad de opinión de los periodistas discutiendo decisiones y opiniones patronales en el propio medio nació probablemente en los años previos al triunfo de los revolucionarios cubanos, y se le conoce como “la Coletilla”.
En la Cuba pre-castrista, años 58 y 59, los sindicatos de periodistas de oposición lograron imponer a las empresas de prensa o audiovisuales que al final de una noticia política se incluyera un párrafo, en negrita, que dijera que “…los periodistas y obreros gráficos (o locutores en el caso de la radio y la televisión) de este centro de trabajo expresan (…) que el contenido de la misma no se ajusta a la verdad ni a la más elemental ética periodística”.
Años más tarde, una versión más elaborada y por decisión de gobierno surgió durante los primeros años del General Velasco con la discutida “Ley del Periodista” de febrero de 1970 que concedía una serie de derechos, como la estabilidad laboral por ejemplo, pero sobre todo, legislaba el derecho de los periodistas a expresar puntos de vista distintos a los de los propietarios. Así, instituía la obligación de conceder ya sea en prensa, radio o TV una columna o “ espacio correspondiente”, etc. bajo el control de una comisión especial.
Aquel Decreto Ley 18139 tuvo efectos inmediatos en el diario El Comercio donde sus periodistas sostenían una dura batalla sindical y política con los dueños y exigieron su cumplimiento inmediato. En otros medios no hubo casi problemas pues fueron pocos los interesados en opinar pero los Miró Quesada resistieron y se negaron hasta que decisiones judiciales los obligaron a conceder aquel espacio presidido por un párrafo que decía: “Esta columna se publica en cumplimiento de la Ley 18139”.
Fue por poco tiempo pues el diario terminó siendo confiscado. La historia es larga y no es del caso repetirla ahora, salvo recordar que hubo ya ocasiones en que la familia propietaria enfrentó desacuerdos con sus periodistas y que resolvió, como ahora, con la carta de despido.

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