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Todos contra Vargas Llosa

La famosa “Comisión Vargas Llosa” (4)

No perdieron tiempo quienes opinaban que Vargas Llosa no era el indicado para encabezar una expedición que buscara respuestas.
Los primeros fueron los colegas de Mario Castro, de la Cadena Epensa, que -como vimos antes- lanzaron a media primera página “VARGAS LLOSA NOS HARA UNA NOVELA” (Ojo. 3.02.83. p. 1) agregando Correo al día siguiente que el escritor había dicho “Les aseguro que no voy a escribir Conversaciones en Uchuraccay”.
Pero Vargas Llosa tenía el apoyo decidido de Belaunde y logró que lo acompañaran en la Comisión un grupo de académicos, antropólogos, lingüistas y hasta un psicoanalista, todos amigos del escritor.
Los comisionados se instalaron en las oficinas que cedió el flamante Primer Ministro, Schwalb Aldana en el Centro Cívico allí donde había trabajado por años el Sistema Nacional de Movilización Social (Sinamos). Y la primera decisión fue llamar a declarar a los directores de las publicaciones que habían perdido a sus reporteros en Uchuraccay.

Luis Morales, de Marka, gran periodista,  entrevistó a los asesinos y comprobó que mentían. También sería asesinado más tarde.

Fueron casi todos. Pablo Truel de El Observador no fue admitido porque quería estar con su abogado. José María Salcedo entregó el medio centenar de casettes con las grabaciones de las entrevistas que había hecho el corresponsal Luis Morales el 30 de enero, el día en que llegaron numerosos periodistas a Uchuraccay gracias a que el director de La República fletó un avión para ir a Ayacucho. Enrique Zileri acusó a Mario Castro de adelantar opinión.
Fue precisamente Guillermo Thorndike quien tuvo una posición singular. Invitado a declarar envió una carta negándose a concurrir, diciendo: ”Considero que (La comisión) está destinada a cumplir funciones que significan una clara interferencia con las funciones que competen al Poder Judicial”. (Ojo. 09.02. 83 p.2).
Agregó: “Aceptar una citación de parte de ustedes significaría hacerme cómplice no solo del ordenamiento jurídico del país (…) sino también perturbar la recta, oportuna y normal administración de la justicia en un caso de interés nacional” (Ibid.)
En la misma línea protestaron los abogados, primero la Federación Nacional de Colegios de Abogados del Perú: “…el nombramiento de una Comisión Investigadora del asesinato de los ocho periodistas es violatorio del Art. 233 Inc. 2do. De la Constitución y constituye una inaceptable intromisión violatoria de la autonomía del Poder Judicial” (El Observador. 4.02.83. po9)
En tono similar, el Colegio de Abogados de Lima protestó porque la Comisión, dijo “produce un paralelismo que quebranta nuestro ordenamiento jurídico” (El Observador. 11.2.83 . p.7).

“No, no escribiré Conversación en Uchuraccay” dijo Vargas Llosa.

-En Ayacucho, la otra batalla

Mientras en Lima la Comisión discutía, entrevistaban, reunían materiales históricos, estudios culturales, etc. preparándose para la gran reunión, allá en Ayacucho el Poder Judicial se las veía con el poder real, militar, que encabezaba el general Noel Moral, militar mediocre y autoritario que solo hacía un mes que había sido destinado a la jefatura político militar de la zona.
El penalista Julio Falconí Gonzales ha publicado un importante estudio sobre el caso (“El Caso Uchuraccay-Las claves de un complot contra la libertad de expresión”. Asociación Nacional de Periodistas. Lima. 2010). Allí describe en detalle los pasos que debe seguir la justicia cuando conoce de un delito: Atestado policial, denuncia del fiscal, autoapertorio del juez instructor, quien deberá hacer la inspección ocular, exhumación de cadáveres, interrogatorio de testigos, incautación de armas, registros domiciliarios… todo registrado por un secretario letrado en acta que servirá más adelante para el juicio formal.
Nada de eso se hizo de manera formal, seria. El general envió a Uchuraccay al juez Hugo Molina Ordóñez, juez instructor de turno en Huamanga y fuera de jurisdicción cuando debió haber acudido al Fiscal Provincial.
Surgió un tropiezo porque el Juez de Paz suplente en ausencia del Juez Instructor, Mavila Valderrama, también ordenó apertura de instrucción. Todo un enredo del que salían ganando los militares.
Nada de lo que hizo Molina en Uchuraccay el 30 de enero le correspondía, todo era ilegal. El colmo de la farsa fue que al percatarse de la ausencia de un secretario de juzgado nombró de secretario de actas ¡a un policía sinchi! Fue una vergüenza para el Poder Judicial que inmediatamente lo removió del cargo y nombró al abogado Juan Flores como juez ad-hoc.
Pero la investigación se detuvo. Los militares negaron ayuda a la justicia, esperando el resultado de la Comisión Vargas Llosa, que ya se acercaba.

MAÑANA
-Por fin, la Comisión Vargas Llosa en Uchuraccay

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